En la actualidad ha habido una revalorización y actualización de la mediación como procedimiento de carácter voluntario -tanto para las partes como para el propio mediador- y confidencial -la información que las partes conocen a través de un proceso de mediación no se puede utilizar con otros fines- que se dirige a facilitar la comunicación entre las partes para que éstas, por sí mismas, encuentren una solución de los puntos de desacuerdo que les afectan y que los han motivado a iniciar un proceso de mediación.
Con la ayuda de un profesional, el mediador, que actúa de manera imparcial y neutral, es decir, que no toma partido por ninguna de las partes ni beneficia a una más que a la otra, los acompañará en el proceso de mediación ayudándoles a que se puedan comunicar y gestionar el conflicto que les ha llevado a la mediación.

El sistema de mediación es ideal para resolver cualquier conflicto de forma pacífica y sin tener que entrar en una confrontación judicial, aunque en algunos acuerdos se precise de la homologación judicial de los pactos alcanzados para que tengan efectos jurídicos.
Por otra parte, la mediación es más rápida que la vía judicial, también es más económica y la facilidad de ejecución de los acuerdos a los que se llegan es mucho mayores que cuando se compara con las resoluciones judiciales. Esto es debido a que en la mediación son los interesados los que llegan a los acuerdos y son los que desean que se lleve a cabo lo pactado, mientras que en la vía judicial la resolución la dicta un tercero, el juez, y siempre habrá una parte que no encuentre satisfecha sus pretensiones.

A través de este procedimiento se puede resolver cualquier tipo de conflicto, ya que la mediación ofrece un espacio seguro de diálogo entre las partes con el apoyo y la ayuda de un experto que facilitará que los implicados salgan beneficiados por un acuerdo o, al menos si no es posible el acuerdo, llegar a una comunicación más fluida entre ellas lo que facilitará unas relaciones futuras menos conflictivas.
Tenemos a nuestra abogada experta en Mediación Rafaela Pérez, Master en Mediación por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.

Las materias mediables más comunes son las siguientes:
1. Las materias reguladas por el Código Civil de Cataluña que deriven de situaciones de nulidad matrimonial, separación o divorcio y que deban ser acordadas en el correspondiente convenio regulador.
2. Los acuerdos a alcanzar por las parejas de hecho en romper la convivencia.
3. La liquidación de los regímenes económicos matrimoniales.
4. Los elementos de naturaleza dispositiva en materia de filiación, adopción y acogimiento, así como las situaciones que surjan entre la persona adoptada y su familia biológica o entre los padres biológicos y los adoptantes, como consecuencia de haber ejercido el derecho a conocer los datos biológicos.
5. Los conflictos derivados del ejercicio de la potestad parental y del régimen y forma de ejercicio de la custodia de los hijos.
6. Los conflictos relativos a la comunicación y relación entre progenitores, descendientes, abuelos, nietos y otros parientes y personas del ámbito familiar.
7. Los conflictos relativos a la obligación de alimentos entre parientes.
8. Los conflictos sobre el cuidado de las personas mayores o dependientes con las que exista una relación de parentesco.
9. Las materias que sean objeto de acuerdo por los interesados en las situaciones de crisis familiares, si el supuesto presenta vínculos con más de un ordenamiento jurídico.
10. Los conflictos familiares entre personas de nacionalidad española y personas de otras nacionalidades residentes en España.
11. Los requerimientos de cooperación internacional en materia de derecho de familia.
12. La liquidación de bienes en situación de comunidad entre los miembros de una familia.
13. Las cuestiones relacionales derivadas de la sucesión de una persona.
14. Los conflictos surgidos en las relaciones de convivencia y de ayuda mutua.
15. Los aspectos de convivencia en las acogidas de personas mayores, así como en los conflictos para la elección de tutores, el establecimiento del régimen de visitas a las personas incapacitadas y las cuestiones económicas derivadas del ejercicio de la tutela o de la guarda de hecho.
16. Cualquier otro conflicto de carácter privado en el que las partes deban mantener relaciones personales y se pueda evitar la iniciación de un litigio ante los juzgados llegando a un pacto.

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